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Primicias24.com (NP) – Ante el ataque contra el dirigente indígena Benjamín Pérez, del pueblo Yabarana del estado Amazonas, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos emitieron el presente pronunciamiento en solidaridad.

Desde el año 2005 líderes, organizaciones y comunidades indígenas del estado Amazonas vienen denunciando la progresiva presencia de mineros ilegales y grupos irregulares en sus territorios ancestrales, situación agudizada desde el 2013 a la presente fecha.

Líderes indígenas y organizaciones propias de la entidad han establecido una ruta de denuncias, exigencia y lucha para la defensa de sus tierras y hábitat. Desde el 2005 han entregado informes en la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de la Defensa, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, sin respuesta efectiva.

La minería ilegal se expande destruyendo sus territorios e incorporando nuevos problemas: inseguridad, contaminación, reclutamiento de indígenas, enfrentamientos, etc. Situación que se ha agudizado con la presencia de grupos irregulares armados y la inacción por parte de la FANB con presencia en la zona.

Ante el avance, extensión y destrucción progresiva de sus territorios, desde 2013 indígenas Yabarana, Hoti, Panare y Wotjuja, con el apoyo de sus comunidades, han acentuado sus denuncias y han intervenido en las zonas mineras, intentando retomar sus territorios, poniendo a la orden de las autoridades a los mineros ilegales y sus maquinarias.

Ante estas acciones, los mineros han tomado represalias de diferente tipo. Estas acciones han puesto en peligro la vida de los líderes indígenas, sus familiares y las comunidades, con agresiones verbales, amenazas directas a su integridad física y vida.

A mediados de enero de 2016 un grupo de indígenas retuvo en la zona de Majagual, municipio Manapiare a mineros ilegales, los cuales fueron entregados a los efectivos militares del ZODI (Zona de operaciones y desarrollo integral), lo que devino en nuevas amenazas de muerte contra la comunidad y el líder indígena Presidente de la organización Yabarana OIYAPAM Benjamín Pérez, denuncias que fueron realizadas en el comando de la GNB de Manapiare, solicitando protección inmediata en salvaguarda de la integridad de la comunidad y su persona, sin respuesta.

Las amenazas se materializaron el día 31 de enero en la noche, cuando desconocidos incendiaron la vivienda de Benjamín Pérez, en la que se encontraba su hijo menor de 10 años, dos (2) nueras, una embarazada de 8 meses y otra con un bebe de un año. Con ayuda lograron destrabar la puerta que había sido atada y salvar sus vidas.

Este ataque ratifica que el líder Yabarana Benjamin Pérez, miembros de la Organización indígena Yabarana del Alto Parucito de Amazonas, junto a las comunidades Yabarana, Hoti, Panare y Wotjuja en defensa de su territorio ancestral se encuentran en peligro ante las amenazas de mineros ilegales, así como de grupos irregulares armados. Los Yabarana han expresado que no van a abandonar su territorio y que ejercerán su derecho a la defensa del mismo, lo cual podría generar situaciones de violencia.

Ante esta preocupante situación las organizaciones firmantes solicitan al Estado Venezolano:

– La protección a la integridad física y vida del Líder indígena Yabarana Benjamin Pérez y la de sus familiares.

– La protección a la integridad física y vida de los miembros de la organización indígena Yabarana OIYAPAM, de los indígenas denunciantes de estos grupos ilegales, sus familiares.

– La protección a la integridad de todos los miembros de las comunidades, caserios, indígenas Yabarana, Hoti, Panare y Wotjuja del Municipio Manapiare que se encuentran amenazadas por mineros y grupos armados irregulares. Es obligación del Estado venezolano proteger a las comunidades y pueblos indígenas de estos grupos.

– La actuación de los órganos estatales competentes para brindar apoyo y protección a los pueblos y comunidades indígenas en el ejercicio pleno del derecho a la defensa de su territorio y su hábitat.

– Exigimos la acción estatal urgente para el desalojo de mineros, grupos irregulares armados de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas del estado Amazonas.

– Demandamos activar los mecanismos de consulta previa, establecidos en la Constitución, para la promoción de cualquier actividad económica de envergadura en los territorios indígenas del estado Amazonas.

– Solicitamos, en el lapso más breve posible, realizar la demarcación y entrega de los territorios indígenas del estado Amazonas a las comunidades originarias, como lo manda la Carta Magna.

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