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Primicias24.com (NP) – Ante la plenaria de países representados en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Directora del Despacho, Dra. Mariana Oliveros en representación de la Defensora Pública General, Dra. Susana Barreiros Rodríguez, en un evento paralelo a la 33° Sesión del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, Suiza, presentó los grandes avances y logros que se dirigen desde el Estado venezolano y desde la Defensa Pública en garantía del acceso a la justicia, derecho a la defensa y resguardo en general de los Derechos Humanos del pueblo venezolano.

En este sentido, la jefa de la delegación venezolana ofreció un balance positivo sobre el beneficio directo que recibe el Poder Popular, a través de las competencias y servicios jurídicos que ofrece la institución a venezolanos y extranjeros sin discriminación.

“Hemos generado las condiciones más favorables para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la participación, de manera organizada, directa y protagónica, con una atención personalizada para todas las y los ciudadanos que requieran del servicio, de manera gratuita dentro del ámbito de nuestras competencias, atendiendo a más de 2.000.000, usuarios y usuarias en las distintas áreas de competencia de la Defensa Pública durante los años 2013 a 2016, incluyendo a grupos vulnerables; adultos mayores, niñas niños y adolescentes, afrodescendientes, personas de baja talla, comunidad LGBT, pueblos indígenas, personas con discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida, intelectual, psicosocial, extranjeros, entre otras , aseguró la Dra. Oliveros.”

Durante su derecho de palabra, explicó que la institución cuenta con funcionarios especializados, en todo el territorio nacional, en las competencias Penal Ordinario, Penal Municipal, Especial de Delitos de Violencia contra la Mujer, Responsabilidad Penal del Adolescente, Especial Policial, Penal Ejecución de Sentencia, Indígena, Agraria y Pesquera, Civil y Administrativa Especial Inquilinaria, Integral, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Laboral, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Defensores Públicos para actuar ante las Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto,especificó que a través de estas quince (15) competencias se han atendido 1.989.100 usuarias y usuarios,para garantizar el debido proceso y asistencia jurídica oportuna.

En cuanto a la competencia Penal, la Dra. Mariana Oliveros enfatizó que desde el año 2015 y el primer semestre de 2016, la Defensa Pública asumió la representación de 22.709 usuarios más que se encontraban incursos en procesos penales en sus distintas fases, tras la revocación de sus abogados privados, lo cual refleja la gran confianza depositada en nuestra institución por la comunidad penitenciaria.

Servicios jurídicos Gratuitos para el Poder Popular

La Defensa Pública venezolana ha logrado evolucionar y desarrollar las opciones de contacto directo con la población, para brindar una atención primaria, óptima y de calidad, a todas las personas que acuden a la institución.

Intervención de representantes venezolanos / Créditos: Prensa Defensa Pública

Intervención de representantes venezolanos / Créditos: Prensa Defensa Pública

“Para optimizar el servicio a los venezolanos inauguramos en el 2015 la Oficina de Atención Ciudadano, hasta la presente fecha hemos atendido a más de 21.000 personas (…) De igual manera, brindamos un programa de jornadas, desde el 2013 hasta el 2016 con más de 188.400 jornadas de calle dirigidas a los grupos organizados con una atención directa en sus residencias”, expresó la Directora de Despacho de la Defensora Pública General.

Época oscura de Derechos Humanos en Venezuela

Cabe resaltar que la jefa de la delegación venezolana mencionó algunos antecedentes sociales que marcaron una época de violación sistemática de los Derechos Humanos y alteración del ordenamiento jurídico, sucedido en décadas previas a la entrada envigencia de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela.

“Sin lugar a dudas, podemos afirmar que si bien la Constitución de 1961 propugnaba la protección del derecho a la vida, la libertad, la justicia, la dignidad humana, entre otros, esto no era más que simples articulados constitucionales sin aplicación alguna (…) la memoria colectiva nos evoca múltiples masacres y violaciones a los derechos humanos a causa de la disidencia política, cuyos involucrados no tenían derecho a un juicio previo ni al derecho a la defensa y eran ejecutados extrajudicialmente o torturados y desaparecidos; entre algunas violaciones graves a los derechos humanos podemos mencionar las distintas masacres: “Yumare”, “Cantaura”, “El Amparo” y “El Caracazo”(como es conocido internacionalmente el hecho más atroz de todas las masacres ocurridas en nuestro país)”, especificó.

La Dra. Mariana Oliveros enfatizó que todos estos acontecimientos históricos marcaron una época nefasta en la historia de Venezuela analizados desde una misma perspectiva de flagrante violación sistemática de los Derechos Humanos.

“Fue con la Constitución de 1999, que se rompió con el paradigma constitucional pasivo y de omisión, y se contempla por primera vez, la prohibición irrestricta de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas (…). La Carta Magna establece el Principio de Progresividad de los derechos humanos en el cual como un resultado evolutivo, se estipula que una vez incorporado un derecho humano, no puede ser desconocido o menoscabado. Normando, además por primera vez, la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, por lo que se estableció su imprescriptibilidad, con la cual se demuestra la voluntad del Poder Popular Constituyente de evitar que ocurran tales violaciones y, en caso tal, los funcionarios deberán responder civil, penal y administrativamente”.

Defensa Pública garante del derecho a la defensa

La directora del Despacho de la Defensora Pública General, Dra. Mariana Oliveros, enalteció que como consecuencia de esos antecedentes históricos, políticos y sociales, “en el año 2000, nace la Defensa Pública, institución que se constituye como el ente encargado de garantizar el sagrado derecho a la defensa y el acceso a la justicia de forma gratuita y expedita, con una gestión totalmente autónoma sin ningún tipo de subordinación a otro órgano o Poder del Estado”.

La jefa de la delegación venezolana finalizó posicionando el compromiso de trabajo con amor a la Patria, vocación de servicio y con respeto absoluto a los derechos humanos, “como dijo nuestro Padre de la Patria, el Libertador, Simón Bolívar, El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad”, concluyó.

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