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Primicias24.com (NP)- En el marco del debate sobre la crisis del Sistema de Justicia en Venezuela, la diputada Delsa Solórzano propuso un plan de emergencia para atender el sistema de justicia y de seguridad, que considera materia prioritaria ante la situación que viven los venezolanos.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional, manifestó enfáticamente que el Sistema de Administración de Justicia en Venezuela no funciona. Destacó que la realidad es que las víctimas de la inseguridad se quedan esperando una justicia que no llega nunca.

Reveló que aunque la Fiscal General de la República indicó que en 2015 ocurrieron 17 mil 778 muertes, en su informe las cifras son de 19 mil 453 víctimas y que la tasa de homicidio de 100 mil habitantes es de 63.5.

Me angustia muchísimo como venezolana que aquí se pretenda tratar a las muertes como un numero estadístico, y que no se comprenda que estas muertes violentas dejan atrás familias llenas de dolor y de tristeza. La principal causa por la cual los venezolanos se están yendo del país es por la inseguridad y la criminalidad que hoy nos aqueja a todos por igual”.

Señaló que desde que Luisa Ortega Díaz fue nombrada Fiscal General de la República en 2007, en el país han ocurrido 167 mil homicidios, según los informes anual que presenta su despacho todos los años desde que está al frente del Ministerio Público y nunca ha sido interpelada, pero que ahora es diferente y la Comisión de Política Interior la va a citar a comparecer.

La Fiscal vino aquí a lavarse las manos a escurrir el bulto. El Ministerio Público es el único titular de la acción penal, articulo 285 de la Constitución. Son atribuciones del Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación  penal. Según el Código Procesal Penal, que ha sido modificado 6 veces en el período anterior,  le corresponde también el monopolio de la investigación penal y la dirección, desde el punto de vista funcional, de los Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Criticó que el Gobierno no asuma la aplicación de la Ley Desarme, ya que considera que es parte de sus competencias constitucionales.

Propuso un acuerdo para designar a la Comisión de Política Interior que elabore un plan de emergencia para abordar esta grave crisis y para atender los siguientes temas: sistema de justicia, sistema penitenciario, seguridad ciudadana, depuración de los cuerpos policiales.

Asimismo, planteó en el acuerdo atender de modo especial desde la competencia de control lo relativo a los concursos  de jueces fiscales y defensores públicos para evitar la impunidad y evitar la politización del Sistema de Justicia.

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