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Primicias24.com – La diputada a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación, Ilenia Medina (PPT- Yracuy), expresó que el día de la instalación de la comisión se dio un debate donde se cuestionó, entre otras cosas, la conducta antiética y antidemocrática del dirigente de la derecha, que ahora preside la AN, y ningún medio publicó la información porque estaba vinculado el diputado Henri Ramos Allup.

“El señor Henri Ramos Allup descalificó, maltrató a los trabajadores de ANTV y sobre esa amenaza no se dijo nada. También se le suma la amenaza hecha a la señora Berenice Gómez, que no se si lo va hacer tangible o no, y ella misma denuncia que el Presidente de la AN solicitó que le cerraran su programa que tiene varios años al aire”, alegó la diputada.

Asimismo, consideró de suma importancia la presencia de los medios en la reunión de la comisión para que se asuma el derecho a la información y a la libertad de expresión se ejerza desde su propia perspectiva.

Por otro lado, recalcó que el proyecto de acuerdo requeriría de algunas explicaciones, ya que no se pueden falsear las cosas, y si se está iniciando un nuevo periodo de la comisión, debería comenzarse desde el marco legal.

Señaló que la comisión no realizó una reunión formal con el canal Globovisión para llevar a discusión el acuerdo por el cual debaten. Indicó que se dejó a un lado a la otra parte involucrada para conocer su opinión con respecto a la supervisión realizada a la plata televisora.

“Es un deber de Conatel visitar las emisoras de radio y los canales de televisión abierta”, destacó la militante del Gran Polo Patriotico (GPP). “Era en la cuarta república que ocurrían las políticas de censura a los medios privados, públicos, impresos y la persecución a los periodistas. Un hecho resaltante fue lo ocurrido en 2002, donde Globovisión fue parte del grupo de medios que censuró el derecho del pueblo venezolano a estar debidamente informado, incluyendo el derecho de los periodista de informa, tal es el caso de Andrés Izarra” puntualizó.

Hizo enfasís en que debe hablarse claramente de lo que ocurre con el proyecto de acuerdo y consideró oportuno la presencia de presidente de Conatel, William Castillo, quién podrá explicar exactamente lo sucedido.

Por último, añadió que en la Constitución, en la normativa interna ni en los convenios internacionales de Derechos humanos supone que los funcionarios públicos, independientemente de su alto rango, puedan verse privados de su libertad de opinar. “Es irresponsable presuponer que una opinión del Presidente de la República signifique una orden ejecutiva, sumamente censurable”.

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