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Primicias24.com (NP) – Cuando se cumplen dos años de los primeros tres asesinatos del grupo de 42 personas que perdieron la vida en el contexto de manifestaciones durante el año 2014, la ausencia de justicia en la gran mayoría de los casos refleja las dificultades presentes en el sistema de administración de justicia en el país, que en la práctica derivan en la existencia de una impunidad estructural en Venezuela.

Se habla de la existencia de impunidad estructural cuando la actuación, de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos.

Cuando la actuación irregular de los diferentes mecanismos coincide en el mantenimiento de una impunidad de este tipo, los responsables con sentencia firme constituyen la excepción y no la regla del sistema de administración de justicia.

Al revisar los sitios web, tanto del Ministerio Público como del Tribunal Supremo de Justicia, se constata que la mayoría de los casos se encuentran en fase de investigación y juicio.

Si bien algunos de los presuntos responsables se encontraban privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes por parte del tribunal impide hablar que los casos han encontrado justicia.

Por otra parte, el Informe de Gestión Anual 2015, presentado recientemente por el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, no informa sobre el adelanto del conjunto de los casos reportados, contabilizados en 42 víctimas por la propia Fiscalía, 32 de ellos civiles y 10 funcionarios policiales y militares. Esta opacidad en el acceso a la información forma parte del conjunto de situaciones que promueven impunidad en el país.

Si bien todos los delitos y violaciones de derechos humanos deben ser sancionados, estableciendo diferentes mecanismos de reparación a las víctimas, la conmoción nacional generada por las 42 personas que perdieron la vida en el contexto de la conflictividad iniciada a comienzos de febrero de 2014 debió haber motivado un especial interés de las autoridades por resolver todos y cada uno de los casos, sin discriminación alguna, garantizando el debido proceso para las personas imputadas.

En su momento diferentes altos funcionarios, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, adelantaron públicamente responsabilidades por los hechos, violando los principios de no intervención en el Poder Judicial y presunción de inocencia que forman parte del derecho humano a la justicia.

La propia Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, en una comunicación enviada a Amnistía Internacional en febrero de 2015 afirmaba que las protestas eran motivadas por “planes políticos injerencistas” y que las personas muertas y lesionadas eran producto de acciones violentas con fines políticos, lo cual evidenciada la ausencia de independencia del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones con imparcialidad, transparencia y autonomía.

La impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos es utilizada por el Ejecutivo Nacional como herramienta propagandística para la criminalización de la crítica a su gestión.

Omitiendo su responsabilidad de impartir justicia y sancionar a los responsables, los esfuerzos oficiales se han canalizado en intentar capitalizar políticamente los crímenes, incluyendo aquellos donde se han señalado a funcionarios policiales y militares como responsables.

A pesar que el informe presentado por el propio Ministerio Público en febrero de 2015, que no es de acceso público y al cual sólo accedieron los medios de comunicación, afirma que en un caso, el del obrero Elvis Rafael Durán De La Rosa (29), falleció producto de politraumatismos tras impactar contra un alambre colocado en la Avenida Rómulo Gallegos de Caracas, diferentes voceros del Ejecutivo Nacional y el Sistema Nacional de Medios Públicos afirman insistentemente la existencia de asesinados por “degollamiento” durante las protestas.

Otros lamentables hechos de conmoción también se mantienen sin resolver con objetivos similares, como por ejemplo las muertes ocurridas durante los hechos del 2002 o el asesinato del Fiscal Danilo Anderson. Este uso propagandístico de la impunidad, por quien debería garantizar el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, es inaceptable en una sociedad democrática.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la pobreza, constituyen las violaciones de derechos humanos más preocupantes del país y agudizan otras problemáticas, como la violencia e inseguridad ciudadana.

El irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia afecta especialmente a los sectores más vulnerables del país, quienes no tienen la capacidad económica o el acceso a los medios de comunicación para hacer frente al abuso de poder cometido por funcionarios policiales, cuerpos de investigación, fiscales, tribunales y centros penitenciarios del país. Cualquier proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas del país pasa, necesariamente, por una profunda reestructuración de las condiciones en que los ciudadanos acceden a su derecho humano a la justicia.

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