Primicias24.com en Twitter

Primicias24.com (NP) –  ” El presidente de la república carece de facultades constitucionales para restringir, limitar o suspender la inmunidad parlamentaria, por cuanto él invoca para ello el Decreto de Estado de excepción y emergencia económica, lo cual no le otorga ninguna facultad en materia constitucional sobre el ejercicio del poder legislativo, y es importante recordar que en Venezuela está contemplada la inmunidad parlamentaria desde la Constitución de 1830 hasta la actual constitución vigente de 1999″, así manifestó el parlamentario jubilado e historiador tachirense Walter Márquez.

La figura de la inmunidad parlamentaria surgió en la edad cuando las constituciones le otorgaban ese privilegio penal, procesal y político a los legisladores frente al poder de los reyes.

En este sentido sostiene que la figura de la inmunidad se ha conservado a lo largo del tiempo a nivel internacional y en Venezuela, por lo tanto “la bravuconada de Nicolás Maduro, hacer uso del decreto de emergencia económica y estados de excepción va a suspender la inmunidad parlamentaria de los actuales legisladores es abuso de poder porque el estado de excepción o de emergencia económica que él dictó, es extemporáneo, porque fue promulgado luego que se venciera el lapso de 120 días que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y porque ese decreto fue rechazado por la Asamblea Nacional, y el artículo 34 de la Ley Orgánica de estados de excepción señala que el Tribunal Supremo de Justicia archivará el expediente si es negado por el parlamento venezolano, y a pesar de ello, de manera ilegal e inconstitucional, el TSJ declaró procedente ese decreto, lo cual realmente viola normas nacionales e internacionales; por otro lado el artículo 232 de la Constitución de la República establece responsabilidades del Presidente aún en estados de excepción”.

Debemos recordar, afirmó Márquez, que el artículo 200 de la Constitución consagra la inmunidad parlamentaria en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates. La inmunidad parlamentaria históricamente es producto de la separación e independencia de poderes y representa una protección para el ejercicio de los parlamentarios frente a gobernantes como el caso de Nicolás Maduro, y por lo tanto ese derecho no puede ser vulnerado por el Presidente de la República ni siquiera en estados de excepción.

En este mismo orden de ideas destacó Walter Márquez que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción en concordancia con el artículo 339 de la Constitución de la República, el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no podrán ser restringidos ni el principio de la legalidad que se consagra en el numeral 10, ni el debido proceso que se consagra en el numeral 11, es decir, ni siquiera en estados de excepción se puede suspender la legalidad ni el debido proceso, garantizado en el artículo 200 de la Constitución que establece que los parlamentarios no podrán ser enjuiciados sin previa autorización de la Asamblea Nacional pues no hay causales concretas para esa solicitud, y además existe una mayoría democrática en la Asamblea Nacional que negará cualquier solicitud arbitraria del presidente de la República o del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró.

En otras palabras, sentenció a Nicolás Maduro carece de facultades constitucionales y legales para limitar o suspender la legalidad parlamentaria como recientemente amenazó a Henry Ramos Allup y a los parlamentarios demócratas, como un mecanismo de presión del régimen frente por los graves errores que ha cometido el presidente.

Share Button
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com