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Primicias24.com – El vicepresidente de la región occidental del partido Podemos, Alí Alvarado, solicitará este jueves al presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), José Ávila, y al presidente de la República, Nicolás Maduro, la expropiación del Fundo “Los CLaros”, ubicado en el estado Zulia, y la investigación de los exjueces Jaqueline Fernández, Silvia Carros de Pulgar, Luz González, Yessire Rincón e Iván Brazho por cometer frause procesal a beneficio de Roque Rodríguez.

En la denuncia, Alvarado solicita la declaratoria de “Utilidad Pública” y expropiación de la mencionada propiedad, ya que la misma ha sido adquirida mediante la aplicación de fraudes procesales, con cooperación del exjuez Superior Agrario, huido a USA, Dr. Iván Bracho.

El dirigente socialista explica que las 5.000 hectáreas del Fundo “Los Claros”, propiedad de Roque Rodríguez, fueron adquiridas a partir de 6 procesos judiciales, entre las que se encuentra una acción de partición, otra de simulación, dos reconocimientos de documentos privados, una querella penal por abuso de firma en blanco y estafa, dos acciones de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una solicitud de medida de protección a la actividad agraria con orden de ocupación de los fundos que conforman el fundo “Los Claros”.

Estos prodecimientos fueron beneficiosos para Rodríguez, ya que a juicio del Vicepresidente de Podemos fueron comprados los jueces encargados de llevar los casos.

“Se trata de un caso que crea confusión y desasosiego en la colectividad, afectan la paz social, la seguridad jurídica, traba el normal desempeño de la actividad pública, y afecta de manera directa y ostensible el orden público y social, pues, no basta que exista un trastorno procesal grave sino que es necesario que el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones que deban ser dictadas, influyan sobre un considerable número de personas o afecten los más altos intereses tutelados por el ordenamiento jurídico”, declaró Alvarado.

En este sentido, el líder del Gran Polo Patriótico pidió que se intervenga la propiedad por ser considerada un latifundio, según lo establece el artículo 7 de la Ley de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuya tenencia y propiedad se encuentra en manos del empresario Roque Rodríguez, adminiculados con lo establecido la Ley del Poder Popular en sus artículos 6, 7, 8 y 11, los cuales definen las competencias, ámbitos de aplicación, finalidad y propósitos del Poder Popular organizado.

Por ello, hace un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), José Ávila, a “articular los mecanismos necesarios para velar porque la presente denuncia sea escuchada y sean resueltas las peticiones aquí expuestas en nombre del Pueblo venezolano”.

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