Primicias24.com– Uno de los bancos más importante de España, el BBVA, encargó supuestamente la intervención de miles de teléfonos de periodistas, empresarios y políticos de todos los niveles, entre los años 2004 y 2005, según una investigación conjunta de un periódico y el Gobierno nacional.
La denominada Operación Trampa habría tenido como finalidad obtener información que permitiese a la entidad rechazar los intentos de la constructora Sacyr de tomar el control de su accionariado y, para ello, habría encargado al excomisario de Policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, la escucha de 15.000 llamadas de 4.000 números de teléfono, previamente seleccionados.
Entre los números pinchados por el ahora excomisario se encontrarían los de el director en la Oficina Económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián; el presidente del grupo Sacyr, Luis del Rivero; el empresario farmacéutico y accionista de la constructora Juan Abelló o el entonces director del FMI, Rodrígo Rato. Los hechos ahora conocidos habrían sucedido entre diciembre de 2004 y febrero de 2005.
Pero entre todos los números supuestamente expiados sobresale la sede de la Presidencia del Gobierno español. Esta operadora gestiona todo el flujo de llamadas entrantes y salientes que se producen en el Palacio presidencial, con la única excepción del teléfono blindado del presidente del Gobierno.
También habrían sido espiadas las llamadas a las centralitas de las sedes nacionales del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principales formaciones políticas del país, así como dos teléfonos del Banco de España y el de la operadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Para el analista de inteligencia Fernando Cocho aunque parezca una situación “muy de película” resulta que es muy habitual en la “inteligencia competitiva”. Para el experto, el problema no es lo que se hace, “sino las herramientas que se utilizan”, que es lo que limita la legalidad.
“Lo que ha ocurrido aquí es que un comisario que ha contado con permisos para compatibilizar su labor como comisario, ha actuado con empresas privadas para ejercer estas acciones de manera ilegal, con procedimientos ilegales, con escuchas no firmadas por jueces, con seguimientos no firmados por jueces”, sentenció Cocho.
Según informan los citados medios, el operativo encargado al comisario Villarejo contaba con ocho dispositivos de captación que operaban desde cuatro bases. Además, tenían a su disposición cuatro coches y cinco motocicletas para realizar tareas de vigilancia y transporte.
La finalidad sería investigar a los principales implicados en la operación de Sacyr, para lo que el excomisario llegaría a facilitar el detalle de hasta 15.000 llamadas de una serie de personas a las que denominó ‘grupo hostil’a la entidad, entonces presidida por Francisco González, para que pudiera adelantarse a los movimientos provenientes de la constructora.
Estos hechos están siendo indagados a través de una investigación secreta por la Audiencia Nacional en el marco del caso Tándem, relativo a una organización criminal formada por mandos policiales para enriquecerse, extorsionar y amenazar, en el que está imputado Villarejo, que actualmente se encuentra encarcelado a la espera de juicio.
Según la investigación conjunta llevada a cabo, la entidad acordó pagar al excomisario un mínimo de 360.000 euros más impuestos y otros 120.000 si la operación tenía éxito.
Fernando Cocho afirmó que Villarejo “es el motor, es la cabeza, es el que tenía los contactos fruto de sus relaciones políticas e institucionales” de este tipo de operativos y que durante mucho tiempo “ha ejercido funciones de alcantarilla“, con la “connivencia” necesaria de políticos y empresarios. De hecho, opinó que esto solo es la punta del iceberg y que hay muchos “villarejos”.
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