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Primicias24.com- Este lunes Canadá anunció nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno de Maduro por la persecución emprendida contra Juan Guaidó y su entorno, así como por el uso de la fuerza contra civiles indefensos que protestan para exigir sus derechos.

Entre los 43 nuevos funcionarios sancionados por Canadá, están:
- Alfredo Ruiz, defensor.
- Larry Devoe, secretario Consejo de DDHH.
- Simón Zerpa, ministro de finanzas.
- Víctor Cano, ministro de minería.
- Manuel Quevedo, presidente PDVSA.
- Eduardo Piñate, ministro de trabajo.
 

Entre los 43 nuevos funcionarios sancionados por Canadá, están los gobernadores:
- Justo Noguera Pietri (Bolívar).
- Omar Prieto (Zulia).
- Ramón Carrizalez (Apure).
- Jorge Luis García Carneiro (Vargas).
- Rafael Lacava (Carabobo).


Entre los 43 nuevos funcionarios sancionados por Canadá, están los constituyentes:
- Gladys Requena.
- Earle Herrera.
- María Alejandra Díaz.
 

Entre los 43 nuevos funcionarios sancionados por Canadá están los magistrados del TSJ:
- Marco Antonio Medina.
- Bárbara Gabriela César.
- Inocencio Figueroa.
- María Carolina Ameliach.
- Eulalia Guerrero.

Texto completo del comunicado divulgado por la Cancillería canadiense:

En respuesta a los intentos del régimen de Maduro de fortalecer su gobierno autoritario sobre Venezuela, Canadá anuncia hoy su cuarta ronda de sanciones contra figuras clave en el régimen, que se suma a los 70 que ya han sido sancionados.

Bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales, la Honorable Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores, anuncia hoy sanciones dirigidas contra 43 personas responsables del deterioro de la situación en Venezuela. Son funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, gobernadores regionales y/o están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas.

Estas medidas se toman en respuesta a las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro, en particular relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, la censura y el uso excesivo de la fuerza contra la sociedad civil, lo que socava la independencia del poder judicial y otras instituciones democráticas.



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