Primicias24.com- La abogada Lilia Camejo denunció un trato indigno a los efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional, que están privados de libertad por razones políticas.
Camejo quien es directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, dijo que existen numerosas denuncias de los familiares de los militares presos, a los que se les aplicó torturas y tratos crueles.
Para la abogada es algo que no se puede explicar, puesto que la mayoría del personal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) proviene de las filas castrenses.
A pesar de ello, “las violaciones de los derechos humanos, tratos inhumanos y degradantes” se registran con mayor ahínco contra los oficiales.
Caso Hugo Chávez
Recordó que al fallecido presidente Hugo Chávez y a los oficiales que lo acompañaron en el alzamiento militar de febrero del 1992, se les respetaron sus derechos humanos en los sitios de reclusión en los que estuvieron, así como un trato digno.
“En todos estos casos no ha habido nada de eso, ningún alzamiento, simplemente muchos de ellos se han quejado por las carencias que vienen teniendo en cuanto a alimentos para sus tropas, en cuanto a logística para que sus batallones, unidades funcionen en óptimas condiciones y a raíz de estas quejas han sido privados de libertad”, lamentó.
Debido Proceso
La jurista y defensora de los derechos humanos, consideró que la justicia venezolana viola las normas constitucionales, puesto que se juzgan civiles en tribunales militares y a efectivos castrenses en el ordinariato penal civil.
“Hay una violación al debido proceso, ni los civiles pueden ser juzgados en tribunales militares, ni los militares en tribunales penales ordinarios”, acotó respecto al tema.
Se valió del ejemplo del sindicalista de las industrias básicas de Guayana, Rubén González, quien está recluido en la cárcel militar de la pica en Maturín, con un delicado estado de salud.
Finalmente, llamó al fiscal general, Tarek William Saab, para que designe a fiscales en materia de derechos humanos para que verifiquen las condiciones en las que se encuentran los militares privados de libertad.
